RETO 1: ¿EXISTE ALGÚN PLAN DE LOCALIZACIÓN DE ODS EN TU ADMINISTRACION?
Los 17 Objetivos de desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030 para mí son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Y aunque se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para 2030
Erradicar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar la prosperidad para todos es una meta muy ambiciosa, en
el Ministerio donde yo trabajo estamos más centrados en el ODS 8 sobre “empleo
pleno y productivo y trabajo decente”, en el que adoptamos el papel de “Punto
Focal” a nivel nacional, el trabajo decente requiere tener garantizados el
respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, unos salarios
adecuados y justos, periodos máximos de trabajo y mínimos de descanso, derechos
de información, transparencia y previsibilidad acerca de las condiciones de trabajo,
certezas sobre la forma y las causas de extinción del contrato, estabilidad en
el empleo, derecho a la formación y unas condiciones adecuadas de seguridad y
de salud en el trabajo. Así, España, se ha alineado con la Estrategia del
Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con las
más importantes declaraciones de derechos humanos, participando asimismo en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y, de
forma activa y comprometida, con el Pilar Europeo de Derechos Sociales.
La propuesta
española sitúa los derechos sociales como un elemento estratégico del Plan de
Reconstrucción para que la recuperación económica no deje a nadie atrás.
Reducir las desigualdades y minimizar el impacto social de la crisis ocasionada
por el COVID-19 permitiría, además, fortalecer la demanda del mercado interior
e impulsar la recuperación.
España está
preparada para trabajar decididamente en la elaboración de un Plan de Acción
del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Los responsables de Derechos Sociales y
de Trabajo han transmitido el firme apoyo a las iniciativas del ámbito social
que se han planteado por la Comisión Europea y han abogado por reforzar sus
objetivos: “Creemos que es necesario un marco común europeo de renta mínima. La
lucha contra el riesgo de pobreza y exclusión social debe estar en el centro de
la actuación de la UE y sus estados miembros en los próximos años”, han
asegurado. El marco común europeo debe garantizar una vida digna adaptada al nivel
de vida de cada país y que complemente los sistemas de ingresos mínimos
actuales.
En esta línea,
las inversiones del Fondo Social Europeo y del nuevo Fondo de Recuperación y
Resiliencia deberían prestar especial atención a los ámbitos social y del
empleo, como han abogado la delegación española ante sus colegas del EPSCO.
La igualdad es
una prioridad para el Gobierno de España que comparte con la Comisión Europea y
la Estrategia de Igualdad aprobada en marzo de este año. Este compromiso se ha
reforzado garantizando el acceso a una renta mínima a las mujeres víctimas de
violencia de género y a las víctimas de trata y explotación sexual. Un
reconocimiento que se produce por primera vez en la historia y que puede
abrirles la puerta de salida de los escenarios de violencia en los que viven.
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